Los honorarios de los abogados y abogadas no están estipulados por un colegio ni regulados estatalmente en España, por lo que es importante informarse sobre las tarifas habituales en esta profesión.

Contratar un abogado o abogada que se dedique al derecho inmobiliario tiene un coste promedio de 375 €. No obstante, este valor puede oscilar entre los 50 y 190 €, para gestiones más simples, como la redacción o revisión de contratos de compraventa o arras, y entre 600 y 1250 € si el proceso demanda una mayor dedicación por parte del o de la profesional. El precio final se establecerá según factores como el método utilizado para establecer los honorarios, el tipo de intervención y las tareas que debe realizar.  

Honorarios

En el ámbito del derecho inmobiliario pueden pactarse, según el caso, tarifas fijas o por porcentaje. Las tarifas fijas suelen establecerse por la participación en un procedimiento y pueden abonarse por completo, como suele hacerse en las intervenciones menores, o pueden arreglarse una serie de retribuciones a medida que se realizan distintas tareas, como suele ocurrir en los procesos más extensos.  

Compraventa de inmuebles

Las tareas relacionadas con la compraventa de inmuebles son muy frecuentes para los abogados o abogadas inmobiliarios. Lo usual es que presten asesoría y se aseguren de que no haya cláusulas abusivas o engañosas en las escrituras. Además, pueden encargarse de tareas derivadas de la compraventa, como aceptaciones de herencia o conflictos sobre la propiedad. Lo habitual es que sus honorarios sean un porcentaje de la compraventa, pero si hay otras tareas derivadas es probable que estas se cobren por separado y tengan tarifas fijas pactadas de antemano.

Contratos de alquiler

En estos procedimientos, los abogados o abogadas inmobiliarios suelen encargarse de la redacción del contrato y de establecer con claridad los derechos y obligaciones de ambas partes. Aquí puede cobrarse un porcentaje del valor del contrato o una tarifa fija establecida previamente, aunque en ambos casos el valor suele ser mucho más bajo que en un contrato de compraventa. No obstante, los honorarios pueden aumentar enormemente si se presentan complicaciones.

Conflictos de arrendamiento

Si hubiese problemas con los inquilinos o inquilinas de una propiedad y fuese necesario iniciar un proceso judicial para un desahucio, los honorarios del abogado o la abogada inmobiliarios probablemente no consistan en una tarifa fija. En estos casos lo que se suele hacer es partir de una tarifa inicial para comenzar el proceso, pero a medida que este avance es probable que se tengan que costear diferentes intervenciones del abogado o abogada, las cuales muchas veces dependerán de las acciones de la otra parte querellante. Por ejemplo, la disputa puede resolverse antes o después de ir a juicio, lo cual representará una diferencia en los honorarios del abogado o abogada inmobiliarios.

Si bien el coste total de este tipo de disputa no se puede predecir con exactitud, cuanto más rápida sea la resolución del conflicto, menores serán los costes. El abogado o abogada especialista en derecho inmobiliario podrá darte valores aproximados de este proceso según los conflictos que puedan surgir.

Hoja de encargo

Un instrumento muy utilizado en este ámbito es la hoja de encargo. Consiste en un documento que firma tanto el cliente o clienta como el abogado o abogada inmobiliario en el que se especifican los honorarios profesionales, así como los procesos en los que van a intervenir y las tareas que se comprometen a realizar. También suelen aparecer detallados otros gastos que puedan surgir en el proceso, la manera de fijar los honorarios y la cantidad exacta establecida para cada pago.

Contar con este documento resulta muy útil para tener claro cuáles son las tareas que atañen al abogado o la abogada inmobiliarios y qué gastos puedes tener que afrontar. Además, evita sorpresas con respecto a las tarifas y funciona como un documento de referencia si surgen dudas en un futuro.