Cuánto cuesta un servicio de abogacía en derecho laboral en Zaask 75€ - 1500€

Precios basados en la media nacional

El valor medio de un servicio de derecho laboral es de 290€. Este valor puede oscilar entre 75 € y 1500 € y. Los factores que podrían influir en el coste son la trayectoria del profesional, el tipo de servicio, el origen de la contratación y la complejidad del caso, entre otras variables.

Las demandas en la jurisdicción laboral suelen ser de las más económicas porque no se cobran tasas judiciales y es posible defenderse a sí mismo ante un juicio sin necesidad de contratar una defensa letrada, si bien no resulta lo más aconsejable. Se da la circunstancia de que si la persona denunciante pierde un juicio de derecho laboral contra su empresa en primera instancia, el juez no puede condenar al pago del coste de la parte contraria.

Profesionales de derecho laboral

Aparte de los abogados y abogadas, pueden intervenir en esta área las y los graduados sociales, siendo esta una de las peculiaridades del derecho laboral. Estos profesionales se han formado en el ámbito de las relaciones laborales y son especialistas en derecho del trabajo y seguridad social.

En ambos casos, el reconocimiento público, una gran experiencia y trayectoria con respecto a  casos de éxito, podrían reflejarse en honorarios más elevados.

El tipo de servicio

A la hora de calcular lo que puede costarnos un abogado o abogada laboralista, es necesario tener en cuenta que el coste fluctúa de acuerdo a la complejidad del trabajo. Consultas y asesoramientos se encuadran entre los servicios más básicos, mientras en el resto pesarán las circunstancias de cada caso, pudiendo resolverse con mayor o menor complejidad.  Así, por ejemplo, ejercer una representación jurídica en tribunales requerirá de una preparación previa de la estrategia a desarrollar, teniendo en cuenta argumentos y pruebas a presentar ante un juez.

Origen de la contratación

Aunque un trabajador pueda presentar una demanda laboral por sí mismo, siempre será recomendable el asesoramiento profesional para una mejor defensa de sus derechos. No sólo es importante tener la razón, también saber demostrarla siguiendo el procedimiento adecuado dentro de los plazos establecidos para ello.

Los trabajadores pueden recurrir a los abogados laborales o graduados sociales privados, los servicios laboralistas de un sindicato, o bien, un servicio de oficio. Este último es un profesional privado que se ha apuntado al turno de oficio tras haber acreditado sus conocimientos sobre leyes laborales y seguridad social.  La designación le corresponde al Colegio de Abogados y, por tanto, no es posible tener libertad a la hora de elegir a cuál contratar.

Los servicios legales de un sindicato son también una opción para los afiliados. Al igual que ocurre con los profesionales independientes, existen unas tarifas por sus servicios. La antigüedad del afiliado y del sindicato en cuestión determinarán los precios. En este caso, suelen establecerse cobros por actuación.

Por todo ello, resulta conveniente reflexionar sobre la idoneidad de tener capacidad de elección sobre los profesionales que van a representarnos, dado que escoger a un experto con trayectoria demostrable en su ámbito, puede ser clave a la hora de enfrentar un procedimiento judicial.

La cuantía del juicio

En el derecho laboral existen muchas fórmulas para establecer los honorarios profesionales o coste del servicio. Una de ellas es el cobro de un porcentaje de entre un 10 y un 20% de la cantidad obtenida, que se abona una vez termine el proceso y sólo en el caso de que se haya ganado la causa.

Modalidad de contratación

Debido a que existen variadas formas de contratación, lo más importante es pactar por escrito al inicio de la relación profesional-cliente. Es aconsejable tener claro cómo se cobrarán los servicios en todas las casuísticas posibles (ganar/perder el caso, pactar en mediación/arbitraje/conciliación, celebración de juicio, etc.).

Cuando se acude a la abogacía laboral de los sindicatos es necesario conocer que, no siendo afiliado, los cobros por actuación (confeccionar la demanda, presentarla, etc.) se podrían ejecutar independientemente del resultado del juicio. En el caso en que este se gane, se aplicará un porcentaje sobre la cantidad obtenida por el trabajador, una vez que finaliza el proceso.

El abogado o abogada de oficio asignado presta sus servicios de forma gratuita en caso de que el juicio no se resuelva de forma positiva. Sin embargo, si gana el caso, puede solicitar el pago de honorarios de hasta la tercera parte del importe conseguido por el trabajador. Además, la imposibilidad de elegir libremente a la persona que nos va a defender o asesorar puede resultar crucial en la resolución del proceso.

En cuanto a los profesionales que se contratan de forma privada, es frecuente encontrar servicios de abogacía que únicamente suponen un porcentaje variable aplicable sólo en caso de que el procedimiento culmine con un resultado positivo. No obstante, en ocasiones es posible que sí se estipule el cobro de un coste fijo, o bien un precio base a sumar al porcentaje anteriormente comentado. La libre elección sobre el profesional tiene la ventaja de permitir una mayor adaptabilidad a las necesidades del cliente.

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